«Que se vayan todos” suena liberador, pero, ¿qué pasa después? La importancia de los políticos no es un capricho. En democracias reales alguien debe sintetizar demandas contradictorias de millones de personas, redactar leyes, controlar al poder ejecutivo y rendir cuentas de forma periódica. Sin políticos profesionales —o al menos dedicados— las decisiones terminan en manos de quienes concentran más dinero, más armas o más influencias ocultas. La idea de vivir sin políticos puede parecer tentadora frente a la corrupción y las promesas incumplidas, pero en la práctica resulta utópica e inviable.
Alguien tiene que representar intereses colectivos, negociar presupuestos, aprobar normas y ser removible por voto popular. Los políticos cumplen —o deberían cumplir— la función esencial que es canalizar el poder de forma legítima y controlable. Sin ellos, el vacío lo ocupan tecnócratas no electos, lobbies poderosos o autoritarismos disfrazados.
La importancia de los políticos: pilar estructural de la democracia representativa moderna
La importancia de los políticos trasciende el rechazo coyuntural que generan en momentos de crisis de confianza. En la doctrina forman parte integral del modelo representativo que permitió escalar la democracia a naciones grandes y diversas.
Desde las revoluciones atlánticas del siglo XVIII hasta las constituciones contemporáneas, la representación política se concibió como respuesta pragmática a la imposibilidad de la asamblea directa. Permite que la soberanía popular se ejerza de manera mediada y efectiva, con mecanismos de control como elecciones, separación de poderes y rendición de cuentas que protegen tanto la libertad individual como el bien común.
Por tales razones los políticos no son meros delegados pasivos. En concordancia actúan como intérpretes que articulan intereses diversos y al mismo tiempo evitan que el poder se concentre en ámbitos ajenos a la democracia. Su profesionalización contribuye a la estabilidad institucional, impulsa la innovación legislativa y favorece la resolución pacífica de los conflictos; de otro modo, estas acciones se resolverían por vías menos equitativas.
Lo crucial e indispensable es elevar la calidad ética de la política al reforzar la conexión con la ciudadanía. De modo que se preserve el equilibrio entre participación y gobernabilidad; una condición para la viabilidad de la democracia. En América Latina, como en otros contextos comparables, se ha manifestado en procesos de transición, consolidación y reforma, y ha puesto de relieve la relevancia de la política como mediadora entre sociedad y el Estado.
En Colombia
En referencia a la participación de toda la sociedad y urgida del consenso de una generación clave, la Constitución de 1991 incorporó la participación ciudadana y la descentralización como respuesta a viejas deudas históricas. En lo relativo a la transformación colectiva, más allá de ser un simple texto legal, la carta política se erigió en canal de diversidad cultural en medio de la desigualdad. Fue la voluntad de sus impulsores —provenientes de orillas opuestas— la que permitió mediar tensiones y consolidar un marco de representación que hoy define la democracia colombiana.
En España
Por lo que se refiere a la Transición democrática entre 1975 y 1982 se pone de relieve el papel decisivo, y en concreto, la importancia de los políticos en la construcción de consensos. Adolfo Suárez, Felipe González y Manuel Fraga negociaron la Constitución de 1978; pues establecieron una monarquía parlamentaria con autonomías regionales, integraron herencias franquistas con aspiraciones democráticas y evitaron rupturas violentas. Dicho de otra manera, su capacidad de pacto y de representación de pluralidades ideológicas y territoriales resultó esencial para estabilizar una democracia joven en un contexto de polarización histórica.
En México
En cuanto a la alternancia pacífica del año 2000 en México —con la victoria de Vicente Fox tras décadas de hegemonía del PRI— mostró la importancia de los políticos de oposición, como los del PAN y PRD, al canalizar demandas de cambio y transparencia mediante instituciones electorales fortalecidas.
En consecuencia y más adelante, figuras como Andrés Manuel López Obrador representaron sectores marginados por historia, impulsaron reformas sociales y promovieron programas de inclusión que, aunque controvertidos, ampliaron la representación de intereses populares dentro del marco representativo.
En Chile
Al respecto de la Concertación entre 1988 y 2010 y líderes como Patricio Aylwin o Michelle Bachelet revela cómo políticos de centroizquierda mediaron la salida de la dictadura hacia una democracia estable. Aparte, impulsaron reformas constitucionales, promovieron políticas de reconciliación y avanzaron en equidad social. Su capacidad para negociar con élites económicas y fuerzas armadas preservó la gobernabilidad y permitió transiciones graduales sin retrocesos autoritarios.
En Argentina
En lo que se refiere al peronismo histórico, figuras como Juan Domingo Perón en su origen o Néstor y Cristina Kirchner en etapas posteriores, articularon demandas de inclusión social y redistribución dentro de un sistema representativo marcado por ciclos de crisis. Por otra parte, Raúl Alfonsín, al liderar la recuperación democrática en 1983 tras la dictadura, negoció la consolidación institucional y promovió la rendición de cuentas. De este modo evitó que el poder se concentrara en manos no electas.
En Estados Unidos
En lo que respecta al sistema federal representativo inspirado en Madison y los Federalistas, se puede afirmar que ha dependido de políticos capaces de mediar entre estados, intereses sectoriales y divisiones ideológicas. Así pues, Franklin D. Roosevelt con el New Deal y Barack Obama con la reforma sanitaria revelan cómo líderes electos articularon coaliciones amplias para responder a crisis económicas o sociales. Una facultad que preservó el equilibrio de poderes y la rendición de cuentas electoral en una nación continental y diversa.
En Perú
Valga como ejemplo y a pesar de la inestabilidad recurrente, políticos como Alberto Fujimori en sus inicios con reformas económicas o Pedro Castillo al representar demandas rurales y andinas intentaron canalizar pluralidades profundas en un contexto de fragmentación partidaria. Al fin y al cabo la transición posterior a Fujimori entre 2000 y 2001, con figuras como Valentín Paniagua, destacó el papel de líderes transitorios que de alguna manera restauraron la legitimidad electoral y constitucional.
En resumen
Y tomando estos casos como transiciones exitosas, reformas inclusivas y mediación de conflictos, prueba que, aunque imperfectos y objeto de críticas, la importancia de los políticos y los mecanismos que hacen operativa la soberanía popular en democracia es funcional y con margen de mejora.
Su optimización mediante transparencia, profesionalización y conexión ciudadana constituye el camino realista para fortalecer la representación y preservar el pilar de la democracia moderna. Gracias a esa función, muchos países lograron evitar regresos autoritarios como los de Cuba, Nicaragua y Venezuela en la actualidad, donde la concentración del poder anuló contrapesos institucionales y redujo libertades.
En El Salvador, por ejemplo, el liderazgo de Nayib Bukele genera debate porque, aunque mantiene legitimidad electoral, concentra facultades y debilita controles, lo que plantea riesgos de deriva autoritaria. En contraste, la existencia de políticos capaces de negociar y sostener instituciones es, por tanto, la mejor defensa frente a dictaduras abiertas o proyectos de poder sin límites.
Para concluir, como sistema de gobierno, la democracia exige puentes. Es innegable que se necesitan intermediarios capaces de convertir la aspiración ciudadana en mandato institucional. Y es aquí donde los actores políticos cobran relevancia, ya que su función va más allá de gestionar intereses al asegurar, además, que el poder sea controlable. Pensemos, por ejemplo, en la creación de leyes ambientales como resultado de la presión social. Es fundamental entender que cuando esta mediación se debilita, el vacío resultante es terreno fértil para regímenes autoritarios.
En esencia, la importancia de los políticos no se agota en su visibilidad pública ni en su capacidad de influencia; se fundamenta en su rol institucional dentro del Estado de derecho. Son quienes ejercen funciones públicas delegadas por la ciudadanía y quienes deben actuar conforme a la Constitución y al principio de legalidad. Una actuación que exige decisiones jurídicamente justificadas y orientadas hacia el interés general.
La política, entendida desde esta perspectiva, se convierte en un instrumento normativo y organizador de la vida social, mediante la cual se crean, interpretan y aplican las reglas que hacen posible la convivencia. De ahí que la exigencia trascienda lo ético y lo político para adquirir también carácter jurídico: los gobernantes están sujetos a responsabilidad legal por sus actos y omisiones, y su legitimidad depende de que ejerzan el poder dentro de los límites que el propio ordenamiento establece y en consonancia con estándares internacionales y con prácticas constitucionales comparadas, que refuerzan la idea de un poder público siempre sometido al derecho.
En definitiva, más allá de juicios morales o percepciones sociales, el derecho constitucional iberoamericano demuestra la importancia de los políticos como función necesaria del Estado para articular la soberanía popular, garantizar el pluralismo y permitir el funcionamiento regular de las instituciones democráticas.
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